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sábado, 28 de marzo de 2020

Ayuso se come el "marrón" de Aguirre en el deterioro de las residencias y lo empeora.


El 93% de los ancianos fallecidos en Madrid estaban en residencias privadas o concertadas.
En las residencias situadas en la Comunidad de Madrid privadas y concertadas, controladas por la gestión de Ayuso, muchas tutoriadas por el Obispado, la cifra de fallecidos por coronavirus asciende a 1.065, lo que supone un 70% del total de fallecidos en otras residencias de España.
Esto puede tener una explicación técnica. En julio de 2019, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se vio obligado a abrir una actuación de oficio ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para que informase sobre los expedientes sancionadores abiertos a residencias en la región.
Pero mucho antes, el 16 de septiembre de 2016, los propios trabajadores de residencias de ancianos se presentaron en la Asamblea de Madrid para denunciar la falta de higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento en los centros. Lejos de escucharles, el entonces consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, se sirvió de la frase "Ladran, luego cabalgamos" -que atribuyó erróneamente al  Quijote de Cervantes-, para despreciar su denuncia.
Además, no hay que olvidar que una empresa de residencias investigada en una trama corrupta logró 56 millones de euros del Gobierno de Esperanza Aguirre, la época de las privatizaciones, que dio lugar al informe judicial, elaborado por la Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción  y la Criminalidad Organizada, en el que se presta especial atención sobre determinados "contratos para la gestión  de centros de atención a personas mayores". que dio origen a una investigación de la Justicia en Madrid sobre la adjudicación y construcción de las residencias de ancianos, hoy foco del coronavirus en la región. Todo ello dentro de la trama Púnica, nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias de la Audiencia Nacional de España.
Por otra parte en el gobierno de Manuela Carmena (2015/2018), más un centenar de residencias de ancianos en la región fueren sancionadas por incumplir la ley. Así, se evidenció que en los 130 centros sociales sancionados (96 residencias y centros de día, 22 centros de personas con discapacidad y 12 residencias clandestinas) faltaba higiene, había escasez de personal y se descuidaba la asistencia a los mayores.
Pero con el regreso del poder a las manos del Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso al frente de la alcaldía, estas cuestiones fueron supuestamente marginadas y silenciadas, salvo alguna intervención en dos o tres programas televisivo por parte del presentador Alberto Chicote, para denunciar in situ, la situación de las residencias y de nuestros abuelos.
EL EJÉRCITO ENTRA EN ACCIÓN Y ENCUENTRA MUERTOS
Tras el dictado del Estado de Alarma y la inmediata intervención del Estado Español, el Ministerio de salud decidió, ante la crisis en Madrid, enviar al ejército para palear y apoyar al servicio sanitario en serias dificultades. Aunque la alcaldesa Diaz Ayuso se opuso terminantemente a la intervención militar por invadir sus competencias, el Estado de Alarma, le daba el viso legal al Estado para ejecutar la operación.  Fue ese el momento que al ingresar a varias residencias, los uniformados se encontraron con el macabro hallazgo. Lo que deja la interrogación, si la comunidad de Madrid ocultó las miserias y muertes en las residencias hasta la llegada del cuerpo militar.



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